El New York Times proporciona en un artículo, razones contantes y sonantes de porqué Japón quiere hacer las Olimpiadas contra viento y madera, además del orgullo nacional:
15.400 millones de dólares
Si el nuevo estadio nacional de Tokio se queda vacío la noche de la ceremonia de inauguración, la inversión de 15.400 millones de dólares se irá a la basura. La cifra, un récord incluso para los presupuestos olímpicos —célebremente sobredimensionados— ha aumentado en 3000 millones de dólares solo en el último año. Pero el daño a la reputación de Japón, además de la pérdida de dinero, sería incalculable.
4.000 millones de dólares
Esa es la cantidad potencial de ingresos por derechos de televisión que el Comité Olímpico Internacional, que organiza y dirige los Juegos, podría tener que devolver si las Olimpiadas no se celebran. La cifra representa el 73 por ciento de los ingresos del COI. Los patrocinios relacionados con los Juegos suponen cientos de millones de dólares más, y una cancelación significaría que esas empresas también podrían solicitar reembolsos.
1.250 millones de dólares
Los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos de verano en Estados Unidos se encuentran entre las propiedades deportivas más valiosas del mundo, y los ingresos publicitarios que producen regularmente los convierten también en los más rentables. En marzo de 2020, NBC Universal, que tiene los derechos de transmisión de los Juegos en Estados Unidos, anunció que había vendido 1250 millones de dólares en publicidad nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso superó la cantidad vendida para los Juegos Olímpicos de Río de 2016, que habían generado 1620 millones de dólares en ingresos totales para la compañía y 250 millones de dólares en beneficios.
549 millones de dólares
La palabra “solidaridad” aparece 406 veces en el último informe anual del COI. La referencia más significativa es a los 549 millones de dólares que distribuye en los llamados pagos de solidaridad y otros a los comités olímpicos nacionales grandes y pequeños. (Las cuentas del COI no proporcionan un desglose de quién recibe qué).